20 de febrero de 2013

Los jueces van a la huelga contra Gallardón


Los más de 5.000 jueces y magistrados de la carrera y los 2.400 fiscales están llamados hoy a secundar una huelga contra las reformas judiciales previstas por el Gobierno, que han provocado un tremendo malestar en todos los sectores de la Administración de Justicia.

Será el tercer paro total en democracia que convoca la carrera judicial, después de que los antecesores del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, padecieran en sus carnes dos huelgas en febrero y octubre de 2009, respectivamente, durante el Gobierno socialista y los mandatos de Mariano Fernández Bermejo y Francisco Caamaño.
Al igual que ocurriera en estas dos ocasiones, la huelga prevista para hoy no ha logrado concitar el consenso de toda la carrera judicial y fiscal, ya que los dos colectivos mayoritarios y de carácter conservador, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), no han apoyado la convocatoria pese a la posición favorable de sus bases.
Los convocantes son tres asociaciones judiciales, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, y dos fiscales, Asociación Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Apoyos

El comité de huelga ha recibido, además, el apoyo cerrado de la plataforma sindical unitaria en materia de Justicia, constituida por CCOO, UGT, CSIF y STAJ, el Consejo General de la Abogacía y las asociaciones de consumidores. El primer grupo también ha convocado concentraciones para hoy "en todos los centros de trabajo de la Administración de Justicia" entre las 11.30 y las 12.30 horas.
Entre las reivindicaciones está el incremento de la inversión pública en Justicia, la paralización inmediata del proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que quita poder a los jueces, la derogación o "modificación urgente" de la ley de tasas judiciales, contra la que se han presentado miles de firmas en contra y que ayer fue recurrida ante el Constitucional por el PSOE, o la reforma de la ley de indulto para evitar "la discrecionalidad política de forma arbitraria".
La primera huelga tuvo un seguimiento del 62 % de los miembros de la carrera judicial según los organizadores (el CGPJ lo rebajó al 35,47 %), mientras que la segunda, acaecida el 8 de octubre de ese mismo año y organizada sólo por la conservadora APM, fue secundada por el 30 % (el 23,57 % según el CGPJ).

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