16 de febrero de 2010

El PSOE pide la comparecencia de Ballesta en la Asamblea para que explique el deterioro de la nueva autovía San Javier-Zeneta

PSRM-PSOE
La diputada Teresa Rosique considera inaceptable que inversiones de tanto calado económico y social den como resultado “una chapuza de ejecución”

La responsable de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, solicita la comparecencia en la Asamblea Regional del consejero de Obras Públicas, José Ballesta, para que explique la situación de deterioro en que se encuentra la autovía San Javier-Zeneta, recientemente inaugurada.
Rosique indicó que no es un hecho aislado lo que ha ocurrido con esta autovía, ya que la RM-23 tuvo que ser reparada a tan solo un año de su inauguración. Problemas que también se produjeron en la autovía Alhama- Campo de Cartagena, en la que no se han hecho las conexiones con la autovía del Mediterráneo y en la de Totana-Mazarrón.
En el caso de la autovía San Javier-Santomera, fue inaugurada el 23 de diciembre por el presidente Valcárcel, sin que las obras estuvieran terminadas, y está pendiente la ejecución de un tramo de 5 kilómetros comprendido entre Torremendo y Zeneta.
El consejero de Obras Públicas “debe explicar en la Asamblea Regional las prisas por inaugurar una autovía que no está terminada y cuya ejecución está plagada de innumerables problemas”. Para la diputada socialista es “algo incomprensible después de que el presupuesto de ejecución de la misma le haya costado a los murcianos alrededor de 120 millones de euros”.
Rosique agregó que lo mismo sucedió con la autovía RM-23, consistente en el desdoblamiento de la MU-603. En este caso los desperfectos quedaron patentes al poco tiempo de ser inaugurada. El PSOE pidió entonces la comparecencia de Ballesta sin que hasta el momento se haya producido. Además, solicitó que se esclareciera quién había pagado la reparación de la misma.
El Grupo Parlamentario Socialista considera inaceptable que inversiones de tanto calado económico y social den como resultado “una chapuza de ejecución, lo cual exige explicaciones del consejero en la Asamblea Regional”.

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